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¿INE e INAI, quien protege nuestros datos?

  • 06 de Marzo de 2018

Hace más de un año se emitió la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que se traduce en contar con una Ley que protege nuestros datos personales y privacidad en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluyendo órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.

Lo anterior significa que tanto al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) como el Instituto Nacional Electoral (INE), siendo estos órganos autónomos deben garantizar la adecuada protección a la privacidad y protección de datos personales.

Sin embargo, esto hoy no sucede. El INE está desbordado por el inconmensurable marco legal que le toca aplicar y que se ha vuelto inaplicable en muchos de sus preceptos. Me explico, uno de los candidatos independientes para presidente Pedro Ferríz de Con presentó una denuncia contra el tráfico de credenciales de elector, el mal funcionamiento de la aplicación para la captura de quienes apoyan a los candidatos independientes y aseguro con ejemplos el acercamiento de quienes tienen en su poder nuestros datos personales a través de imágenes de credenciales de elector, bases de datos del registro nacional de electores, -actualizada o no—pero sin duda con un acceso a nuestros distintos datos. Ferriz de Con señalo que el costo por credencial era de $8 pesos, lo que significa que para completar la debida recolección tan solo para los candidatos independientes presidenciales significaría una inversión de $ 8 millones de pesos. Lo anterior es gravísimo, por decir lo menos.

La autoridad electoral en mi opinión en el tema de los datos ha sido tibia.. El pasado 15 de enero reconoció que al menos 28 candidatos independientes a diputados federales podrían quedarse fuera de la boleta por irregularidades detectadas en la captura de 98,000 credenciales de elector.[1] La pregunta obligada es, ¿Qué hay de los tres candidatos independientes a la presidencia, quienes han concluido con presentar más del 1% de electores en una dispersión de más de la mitad de las entidades federativas?  ¿Sabremos si los registros de los independientes a la presidencia son válidos? ¿Cuánto se va tardar la autoridad electoral en hacer público el número de registros que no son válidos? ¿Sabremos esto hasta antes/ después de la elección del 1°de julio? ¿Qué sanciones recibirían? Todas estas preguntas son legítimas y no existen respuestas contundentes al día de hoy.

Aunado a la gravedad del asunto descrito esta la inacción absoluta de la autoridad que tutela nuestro derecho de protección de datos personales: INAI. Los comisionados tienen la facultad de iniciar una investigación de oficio cuando se cuenten con indicios que hagan presumir la existencia de violaciones a la Ley de Protección de Datos. El INAI no solo cuenta con la facultad de investigar si no también de verificar a través de una auditoría – si lo acepta el INE-  la eficacia y adecuados controles de seguridad, medidas y mecanismos para proteger la integridad, disponibilidad y confiabilidad de los sistemas donde se alojan nuestros datos personales. Pero los comisionados han optado por la vía de patear el bote. En una reunión con el INE y la Secretaría de la Función Pública (SFP), dichas autoridades optaron por dar visto bueno a que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), para que en ejercicio de sus facultades, indague la presunta comisión de delitos que perseguir, y en su caso, se dará vista al INAI.[2] Su presidente y comisionados, siendo un órgano colegiado claudican a tutelar la protección de nuestros datos personales en posesión del INE. La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados es clara, en caso de una presunta infracción por parte de algún integrante de un partido político, la investigación y, en su caso, sanción, corresponderán a la autoridad electoral competente. 

Sin embargo, los candidatos independientes no tienen partido político, incluso la LEGIPE[3], define a éstos como “El ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral el acuerdo de registro…”, en este sentido dichos candidatos no entrarían en el supuesto de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, sin embargo, en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, sí pueden ser requeridos e investigados por el INAI cuando se presuma fundada y motivadamente la existencia de violaciones a la protección de datos personales, independientemente de cualquier otra autoridad que así lo determine el INE. En este orden de ideas, correspondería no a la FEPADE sino al INE dar vista al INAI – ya que esta autoridad no hace uso de su facultad de oficio—ante la existencia del mal uso de al menos al día de hoy de 98 mil credenciales hechizas que presentaron candidatos a diputados independientes, así como todas las hechizas que les aparezcan a los candidatos independientes presidenciales o a cualquier otro candidato independiente por el mal uso de la credencial de elector.

Tomarse a la ligera el tráfico, venta e ilicitud en el uso de nuestros datos personales vía la credencial de elector solo abona a deslegitimar la función primicia que debe tutelar el INAI. Más grave aún, alimenta el ambiente de impunidad y falta de estado de derecho, incluso de entre quienes se erigen como candidatos sin partido y han accedido a bases de datos y recolección de credenciales violando la Ley. El INAI está llamado en esta coyuntura a no patear el bote, sino instaurarse como un garante de los datos personales e investigar y sancionar de manera ejemplar a quien o quienes trafican y hacen uso ilícito de los datos personales depositados en la credencial de elector.

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