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  • 14 de Enero de 2019

La Suprema Corte de Justicia bajo la lupa

Dra. Sigrid Arzt

 

El pasado 2 de enero resulto electo el Ministro Presidente Arturo Zaldívar de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Al mismo tiempo ingreso como ministro un cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, Luis González Alcántara Carranca, quien fungió como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal durante su gobierno en la Ciudad de México.

En diciembre antes de la aprobación del ministro González Alcántara Carranca las organizaciones de la sociedad civil descalificaron a los integrantes de la terna presentada por el presidente López Obrador e hicieron llamados al Senado para no aprobar ninguna de estas candidaturas ya que sería muestra de perdida de independencia y confianza en la institución. Sin embargo, el Senado claramente no compartió esta postura lo que se demuestra con la votación obtenida en una segunda ronda donde de los 124 senadores presentes, 114 votaron a favor, 4 en contra y se anuló un voto. El ministro electo González Alcántara Carranca se comprometió hacer vigentes los derechos humanos que se plasman en las distintas convenciones internacionales. A las pruebas nos remitiremos.

Por otra parte, en su discurso de toma de protesta, el Ministro Presidente señalo: “que defender la independencia judicial es defender los derechos humanos de todos, es defender el Estado de derecho, es defender la seguridad jurídica”. Más adelante también dijo: “para que podamos recobrar la confianza en la ciudadanía en bien de nuestro país, en bien de todas las personas que habitan aquí, porque México está pasando un momento problemático, pero los momentos de crisis también son momentos de oportunidad”. Y puntualizó: “tenemos una gran oportunidad de transformar al Poder Judicial, de renovar al Poder Judicial, de hacer las cosas mejor para beneficio de todos”.

Lo anterior, claramente en alusión a los embates y descalificaciones del presidente López Obrador quien con sus señalamientos provocó que un grupo de sus simpatizantes tengan desde hace 25 días tomada la entrada principal del recinto. Los activistas de López Obrador exigen la renuncia de los ministros y otros reclamos. La industria de la protesta se hace presente impactando negativamente el quehacer institucional de la Suprema Corte de Justicia.  Sin duda una muy mala señala para la relación de poderes en un país que se dice democrático. 

Ahora bien, la Corte es un órgano colegiado y estará sujeto a refrendar su independencia a la par de que se abre una oportunidad para recuperar la confianza a través de un renovado impulso a través de la transparencia y rendición de cuentas.

A manera de ejemplo, el índice de accesibilidad de información judicial en internet tiene por objeto medir el nivel de acceso a la información judicial a través de las páginas web de los poderes judiciales y ministerios públicos de los países que integran la Organización de Estados Americanos. En su evaluación del 2014 México ocupó el 7º de 33 países evaluados. Tres años más tarde en 2017 México cayó al lugar 18º de 34  países estudiados. Por su parte, Chile en ambas mediciones permaneció en el  primer lugar, seguido en esta última medición por Guatemala y Paraguay, mientras que el 5º  lugar lo ocupa Colombia, 14º  EUA, 17º  Canadá y 34º  Haití. Así de manera comparada con otros países, México no mejoró sino por el contrario quedo a la media regional.  

En otro orden de ideas, de la verificación realizada por el INAI en el 2017 la Corte obtuvo una calificación de casi 90% de cumplimiento. Lo que significa una buena noticia pero insuficiente para la construcción de confianza y me explico:

En un ejercicio realizado en 2018  por Luis Fernando Villanueva de EQUIS Justicia para Mujeres  este se  dio a la tarea de promover solicitudes de información de sentencias judiciales y de revisar portales de los tribunales estatales y sus resultados son una mala noticia ya que de los 32 tribunales 19 no reportan una sola sentencia. Lo que significa que los juzgadores locales no cumplen con las obligaciones de transparencia impuestas desde la ley general que mandata publicar y actualizar tesis y ejecutorias, versiones públicas de las sentencias de interés público, versiones estenográficas de las sesiones públicas, los procesos de designación de juzgadores y listas de acuerdos. Una importante mayoría de los tribunales tampoco cumple con obligaciones comunes como la presentación de la declaración patrimonial de los juzgadores, los gastos de representación, remuneraciones o ejercicio de recursos que son obligaciones comunes para cualquier institución del Estado.

En este sentido la  nueva presidencia de la Corte tiene ante sí una oportunidad para que través de su liderazgo  institucional inicie una relación con la ciudadanía y se impacte favorablemente la percepción de la impartición de la justicia utilizando como herramienta central la transparencia y acceso a la información en dirección de constituir un Tribunal Abierto y que ello se replique en las instituciones estatales.

http://bit.ly/2TLhdNZ
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/la-suprema-corte-de-justicia-bajo-la-lupa/

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