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Leyes Anti Corrupción, pero no por encima de los derechos humanos

  • por Dra. Sigrid Arzt Colunga
  • 06 de Mayo de 2016

En las últimas semanas los medios de comunicación y redes sociales nos han desbordado con noticias acerca de todo el andamiaje que se debe completar para hacer efectivo el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Sin duda, la participación ciudadana en este proceso ha sido el sello distintivo y la marca clara del despertar ante la complicidad y omisión de parte de las autoridades para combatir la corrupción y transparentar sus actos de gobierno sin importar nivel de autoridad.

     Enhorabuena, la Iniciativa 3 de 3 se ha convertido en el símbolo de lucha de la ciudadanía contra una clase política que continua ajena al malestar ciudadano. Ejemplo de ello es el tardío procesamiento de la arquitectura legal secundaria para contar con los instrumentos institucionales de tan ambicioso marco jurídico que se estableció en mayo 2015. Otra muestra de absoluto desdén de parte de los legisladores es la falta de iniciativas a nivel de leyes estatales en materia de transparencia. De las 32 entidades hoy quedan al menos unas cinco que aún no aprueban sus leyes y al menos tres enfrentan acciones de inconstitucionalidad del INAI por no ceñirse a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.  

     Ahora dicho lo anterior, quiero reflexionar sobre un tema en concreto que trae la iniciativa 3 de 3 y que me parece que no es un tema menor, esto es, la intervención de las comunicaciones privadas. En la iniciativa ciudadana se establece “como técnica de investigación facultades a la autoridad investigadora que tenga la posibilidad de superar los secretos fiscal, bancario, fiduciario, así previa autorización jurisdiccional, la de intervenir comunicaciones”. De hecho, en su artículo 54 señalan que la “la autoridad encargada de la investigación podrá utilizar medios de grabación y registros ocultos para documentar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que suceden los hechos materia de la investigación. Para la intervención de comunicaciones privadas se requerirá de autorización del Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente y para tal efecto se estará al procedimiento establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”.

     En materia de derechos humanos el artículo 16º de la constitución señala:” Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (…) las comunicaciones privadas son inviolables  -énfasis mío-. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas (…) El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley (…) “. Sin dar más, varias de las conversaciones que han trascendido a los medios o redes sociales y que en algunos casos los afectados han denunciado, pregunto: ¿qué ha pasado? Nada. Entonces, hay espionaje bueno y espionaje mal, o qué? Al final se siguen violando las comunicaciones privadas, y no parece existir autoridad alguna que se pronuncie al respecto.

     Hagamos un poco de historia,  hace veinte años gobernaba el PRI y  los legisladores de oposición (PAN y PRD) se desgarraban las vestiduras porque la iniciativa de Ley Federal contra la Delincuencia Organizada otorgaba facultades a la Procuraduría General de la República en materia de intervenciones a las comunicaciones y esto podría violar los derechos humanos. Incluso hubo quienes dijeron que: “podría provocar una cacería de brujas con fines políticos”. Obvio lo anterior, derivado de una profunda crisis de desconfianza en la administración y procuración de justicia, que dicho sea de paso,  no me parece que ha cambiado mucho al  día de hoy. La Ley Federal vs Delincuencia Organizada se aprobó y quedo acotado el alcance de las intervenciones a las comunicaciones donde se estableció que el juez no podrá autorizar intervenciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

     Para el 2004, ocho años más tarde, cuando arrancó la discusión de la Ley de Seguridad Nacional, esto es, hace 12 años ya bajo un gobierno panista, y con una oposición priista y perredista,  los legisladores, académicos y defensores de los derechos humanos, nuevamente pusieron el grito en el cielo por la violación a los derechos humanos ante la posibilidad de intervenciones a las comunicaciones sin control jurisdiccional. En mi opinión, enhorabuena para ambos casos. La preocupación legítima, la cobertura informada y la presión política, obligo a que los legisladores delimitar y establecieran los supuestos de excepción para aprobar las intervenciones de las comunicaciones con control jurisdiccional.

     Sin embargo, en la propuesta ciudadana 3 de 3,  las intervenciones a las comunicaciones señalan: “se estarán al procedimiento establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”. Y aquí sí es cuando invito a que en verdad se provoque una discusión informada sobre lo que significan los artículos 189 y 190  del Título Octavo, “De la Colaboración con la Justicia, De las obligaciones de en materia de Seguridad y Justicia”, en los cuales no media orden judicial alguna para que quienes están en el aparato de seguridad y justicia demande y exijan  a los autorizados, concesionados, proveedores de aplicaciones y contenidos a entregar toda la información que se encuentra en su posesión en materia de datos personales,  y ante cualquier desacato u omisión ser sancionado.

     Hoy públicamente se desconoce la eficiencia y eficacia en el combate a la delincuencia organizada, extorsiones, amenazas, terrorismo y secuestros a través del uso de la herramienta de las intervenciones a las comunicaciones, y menos se sabe de la entrega de nuestras comunicaciones por parte de los operadores, concesionados y autorizados al aparato de seguridad y justicia.

     Lo que se ve en el horizonte inmediato es que legisle al vapor y no se logre una adecuada ponderación de derechos. Veámonos en un espejo y entendamos un poco mejor el debate entre el FBI y Apple por la demanda de acceso a los contenidos del celular de uno de los atacantes meses atrás en California, aun y cuando fue un acto terrorista. Como país nuestro objetivo aspiracional debiese ser una democracia consolidada bajo un régimen de estado de derecho. La  inviolabilidad de las comunicaciones es un derecho humano intrínseco.


[1] Dra. Sigrid Arzt Colunga, es experta en privacidad y seguridad nacional. Es ex comisionada del IFAI y ex Secretaria Técnica del Consejo de Seguridad Nacional.

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